En Chile la izquierda ha querido instalar la idea de que cuando faltan recursos, la solución inevitable es reducir beneficios o limitar apoyos. Sin embargo, los antecedentes conocidos recientemente en la Inspección Total muestran que el problema no siempre fue la falta de dinero, sino la forma en que ese dinero se administra y se despilfarra.

Distintas revisiones y auditorías realizadas sobre organismos públicos han detectado señales preocupantes: pagos postergados, compras realizadas sin suficiente planificación, recursos sin rendir, subsidios que el Estado no recuperó y graves debilidades de control interno. Las cifras son enormes, no son millones, sino que miles de millones de dólares; y reflejan una realidad que la ciudadanía sospechaba hace tiempo: en demasiadas ocasiones, los recursos públicos no se utilizaron con el cuidado que merecen. Pero aquí es importante hacer una distinción clara, corregir el mal uso de recursos públicos no significa abandonar programas sociales ni quitar beneficios importantes para las familias. Al contrario. Significa protegerlos para que sean usados de mejor forma y enfocados 100% en el beneficio de los chilenos.

Porque cada peso desperdiciado, mal administrado, perdido o despilfarrado es un peso menos para salud, seguridad, educación, vivienda o apoyo a quienes realmente lo necesitan. Cuando el Estado gasta mal como se hizo en el pasado, afecta directamente a las personas que esperan soluciones concretas a sus problemas cotidianos.

Por eso el desafío actual debe ser recuperar la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. No se trata de destruir políticas públicas ni de debilitar la presencia del Estado donde sí cumple un rol necesario. Se trata de exigir orden, eficiencia, transparencia y sentido común. Las familias chilenas saben perfectamente lo que significa cuidar el presupuesto del hogar, saben que no se puede gastar sin control, que las cuentas deben cuadrar y que los recursos siempre son limitados, y es deber del Estado actuar con esa misma responsabilidad. Esto es una señal importante para recuperar la confianza ciudadana. No podemos seguir permitiendo que se no se haga nada mientras aparecen casos de sobreprecios, rendiciones pendientes, recursos sin fiscalización o gastos injustificados. La transparencia y el buen uso de los recursos públicos no son un favor; son una obligación.

Hoy más que nunca, Chile necesita un Estado que funcione mejor, no un Estado que gaste más. Necesitamos instituciones capaces de administrar correctamente los recursos de todos, de fiscalizar con seriedad y de corregir las malas prácticas antes de que terminen perjudicando a los chilenos

Recuperar lo mal gastado y ordenar las finanzas públicas no es ir contra las personas, es precisamente trabajar para que los recursos lleguen de verdad a quienes los necesitan y para que los beneficios sociales puedan sostenerse en el tiempo de manera responsable.

Porque cuidar los recursos públicos, finalmente, es cuidar a Chile.

El 27 de abril, Carabineros de Chile cumplió 99 años de historia. 99 años en que miles de hombres y mujeres han vestido el uniforme verde no por privilegio sino por vocación, no por comodidad sino por deber. En tiempos donde es fácil criticar desde la distancia, conviene recordar que hay quienes todos los días salen de sus casas sin saber su horario de llegada. Su himno lo expresa con total claridad: “otros la vida gocen en calma disfruten ellos dicha y solaz, nosotros vamos tras de la palma que el sacrificio nos brindará”. Y esta no es una frase retórica, es una definición de vida, es la decisión consciente de asumir el sacrificio que otros no quieren para que Chile pueda vivir en paz.

Durante el estallido del 2019 nuestros Carabineros fueron puestos a prueba como pocas veces en la historia. Mientras el caos se apoderaba de ciudades enteras, mientras el comercio ardía y miles de familias veían destruidos sus emprendimientos, Carabineros estuvo en la primera línea, la verdadera primera línea, dispuestos a contener la violencia y defendiendo el orden público. Sin embargo, en vez de respaldo transversal, recibieron cuestionamientos, querellas y un constante intento por debilitar su autoridad.

No podemos olvidar que muchos de quienes hoy están en el Congreso fueron parte activa de esa ofensiva política contra Carabineros. El propio expresidente Gabriel Boric construyó buena parte de su capital político en un contexto donde la crítica, aunque injusta y generalizada hacia la institución era su norma. El resultado fue una señal ambigua y peligrosa: en vez de fortalecer a quienes nos protegen, se optó por relativizar su rol.

Como Republicanos, fuimos claros entonces y lo seguimos siendo hoy ya que sabemos que sin orden público no hay libertad y sin autoridad legítima no hay Estado de Derecho. Mientras algunos parlamentarios pedían refundaciones “a matacaballo” y desmantelamientos ideológicos, nosotros defendimos la necesidad de reformar para fortalecer y no para destruir. Respaldamos a Carabineros cuando era “impopular” hacerlo, porque entendemos que la seguridad no es una consigna sino un derecho básico de cada chileno.

Eso no significa negar errores ni cerrar los ojos ante irregularidades, sino que comprender que las instituciones no se mejoran debilitándolas públicamente ni dejando a sus funcionarios en la indefensión política. Se mejoran con reglas claras, apoyo firme y un liderazgo decidido.

Hoy, cuando Chile enfrenta nuevamente graves problemas de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico, resulta evidente que necesitamos más que nunca a Carabineros fuertes, respaldados y respetados.

A un año de cumplir su centenario, Carabineros merece algo más que homenajes protocolares. Merece coherencia, gratitud y que el mundo político esté a la altura del sacrificio que cada uno de sus funcionarios asume al ponerse el uniforme.

Porque mientras muchos disfrutan de la tranquilidad cotidiana de su día a día, hay Carabineros que fieles a su juramento “van sin miedo tras el bandido porque son del débil el protector” y es deber del Estado y de quienes ejercemos responsabilidades públicas estar a su lado, sin complejos y sin ambigüedades.

Chile no puede darse el lujo de volver a abandonar a quienes lo protegen.

A veces los problemas más graves no comienzan con grandes decisiones públicas, sino con pequeños círculos de confianza. Con amistades que cruzan desde la juventud hasta el poder. Con lealtades personales que, sin quererlo o sin medirlo, terminan afectando decisiones estratégicas para el país.

El caso del cable submarino que terminó tensionando la relación entre Chile y Estados Unidos no es sólo una controversia técnica. Es una radiografía incómoda sobre cómo se toman decisiones en la cúpula del poder y cómo la falta de prolijidad puede transformarse en una crisis diplomática de proporciones.

El problema no es la amistad. En política las redes existen y siempre existirán. El problema es cuando esas redes se combinan con falta de transparencia, licencias médicas irregulares, viajes poco claros y versiones contradictorias frente a un proyecto de infraestructura crítica.

El viaje a Shanghái en 2023 marcó el punto de partida de una iniciativa que terminaría con la concesión del cable a una empresa vinculada a China Mobile International. Ese mismo funcionario luego fue cuestionado por uso irregular de licencia médica tras una comisión de servicio en el extranjero. La Contraloría intervino. Se inició sumario. La renuncia llegó solo cuando el caso se hizo público.

Hasta ahí ya había un problema administrativo y ético. Pero lo que vino después escaló a otro nivel.

El gobierno avanzó con un proyecto de alta sensibilidad geopolítica sin anticipar… o sin querer reconocer el nuevo contexto global. Hoy los cables submarinos no son simples infraestructuras digitales. Son arterias por donde circula información financiera, gubernamental y estratégica. En el escenario actual de competencia entre China y Estados Unidos, cada decisión tecnológica tiene implicancias políticas.

Lo sorprendente no es que Chile busque diversificar alianzas. Eso es legítimo. Lo preocupante es la improvisación, la falta de coordinación y las versiones cambiantes cuando comenzaron las advertencias desde Washington.

Estados Unidos reaccionó con una dureza inédita. Se cancelaron visas a altas autoridades. El embajador norteamericano realizó declaraciones públicas poco habituales entre aliados. El conflicto dejó de ser técnico para transformarse en político.

Y en medio de esa tormenta, el gobierno intentó deslizar el problema hacia la administración entrante, señalando que la decisión final quedaría en manos del próximo Presidente.

Ahí es donde el equipo de José Antonio Kast tomó una decisión correcta. Mantener distancia. No prestarse para validar un proceso cuestionado. Suspender reuniones bilaterales que buscaban traspasar responsabilidades. En política exterior, la prudencia no es debilidad. Es estrategia.

Gobernar en el nuevo orden mundial exige algo más que convicciones ideológicas. Exige lectura geopolítica, coordinación institucional y coherencia. No se trata de alinearse automáticamente con una potencia ni de romper relaciones con otra. Se trata de entender que las decisiones estratégicas no pueden adoptarse con liviandad ni con opacidad.

Este episodio deja varias lecciones.

Primero, que la amistad no puede confundirse con mérito en la administración pública. Los cargos técnicos requieren estándares altos, no círculos de confianza.

Segundo, que el uso irregular de licencias médicas por parte de altas autoridades no es una falta menor. Es una señal de cultura interna.

Tercero, que la política exterior no se maneja con impulsos ni con gestos ideológicos, sino con profesionalismo.

Y cuarto, que en una transición de mando la responsabilidad sigue siendo del gobierno en ejercicio. No se puede gobernar hasta el último día y, al mismo tiempo, deslindar consecuencias.

Un cable submarino no debería convertirse en un cortocircuito diplomático. Pero cuando se combinan opacidad, malas decisiones y falta de conducción, el riesgo se multiplica.

Chile necesita volver a estándares de seriedad institucional. En materia tecnológica, en política exterior y en probidad pública. Porque en el mundo que viene, cada error se amplifica. Y cada improvisación tiene costos reales.

El próximo gobierno tendrá la tarea de reconstruir confianzas, ordenar prioridades y devolverle a la política exterior el equilibrio que nunca debió perder.

Gobernar no es un acto de amistad. Es un acto de responsabilidad histórica.

Uno de los discursos más repetidos por la izquierda en los últimos años ha sido el de la tolerancia. Tolerancia a la diversidad, a las ideas distintas, a las trayectorias personales, a las convicciones profundas. Un concepto amplio, noble y necesario en cualquier democracia. El problema es que esa tolerancia, una vez más, parece tener fecha de vencimiento.

El nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer no abrió un debate serio sobre políticas públicas, prioridades o desafíos del ministerio.

Abrió algo mucho más revelador. Un ataque visceral, cargado de prejuicios, caricaturas y descalificaciones personales que dicen más de quienes las emiten que de la persona cuestionada.

En pocas horas, la discusión dejó de ser política y pasó a ser moral. No sobre su gestión, que ni siquiera comienza, sino sobre sus creencias, su historia y su vida personal. Se le atribuyeron etiquetas, se la ridiculizó y se la convirtió en símbolo de todo lo que la izquierda dice combatir. Paradójico, considerando que ese mismo sector ha levantado por años la bandera del respeto y la no discriminación.

La reacción fue tan automática como coordinada. Para algunos, el solo hecho de que no piense igual ya la convierte en una amenaza. Para otros, su nombramiento sería una provocación o una señal contradictoria. Como si el ministerio tuviera dueño. Como si existiera un molde ideológico obligatorio para ocupar un cargo público.

Pero este episodio no puede leerse de manera aislada. Porque ocurre después de meses en que los mismos sectores que hoy desprecian las convicciones religiosas no tuvieron ningún problema en llamar explícitamente al mundo cristiano a votar por Jeannette Jara durante la campaña presidencial. Cuando los votos eran necesarios, la fe era bienvenida. Hoy, cuando esas convicciones no calzan con la hegemonía cultural de la izquierda, pasan a ser motivo de sospecha o burla. Esa es la tolerancia condicional que hoy queda al desnudo.

El doble estándar se hizo aún más evidente con el ataque del diputado Matías Ramírez, parlamentario en ejercicio que perdió su reelección, quien se permitió descalificar públicamente a la diputada Chiara Barchiesi tratándola con expresiones ofensivas, misóginas y denigrantes. No fue una crítica política. Fue un insulto personal, directo y violento.

Si esas palabras hubieran venido desde la derecha, el escándalo habría sido inmediato. Declaraciones públicas, condenas transversales y acusaciones de odio. Esta vez, en cambio, predominó el silencio. O la justificación. O el relativismo. Porque cuando el agresor es propio, la indignación se diluye.

A esto se suma otro antecedente que incomoda profundamente el relato progresista. Las denuncias del sindicato de Prodemu, que acusan maltrato institucional, negligencia y decisiones arbitrarias durante la administración anterior, apuntando directamente a autoridades que se presentaban como referentes del feminismo gubernamental. Trabajadoras que denuncian abandono, presiones y trato indigno por parte de una institucionalidad que decía defenderlas.

Aquí no se trata de negar la crítica ni de blindar a una ministra por anticipado. Se trata de exigir coherencia. Si la tolerancia es un valor, debe aplicarse incluso cuando quien piensa distinto no pertenece a tu sector. Si el respeto es un principio, no puede desaparecer cuando se pierde el poder. Y si se habla de dignidad de las mujeres, esa dignidad debe ser defendida incluso cuando las vulneraciones provienen desde las propias filas.

La democracia se debilita cuando los principios se transforman en consignas vacías. Y hoy queda cada vez más claro que para algunos la tolerancia no es un valor permanente, sino una herramienta circunstancial. Una que se usa cuando conviene y se descarta cuando estorba.

Ese es el verdadero debate que hoy queda expuesto. Y es uno que Chile ya no está dispuesto a seguir ignorando.

Ganar una elección presidencial es difícil. Gobernar bien es infinitamente más complejo. En el entorno de José Antonio Kast existe plena conciencia de aquello. No hay euforia desmedida ni triunfalismo. Hay algo mucho más escaso en la política chilena actual. Realismo.

Las primeras palabras del Presidente electo marcaron con claridad el tono de lo que viene. No habló de soluciones mágicas ni de cambios instantáneos.

Fue directo al advertir que esto no será fácil, que el primer año será duro y que los resultados no se verán de un día para otro. En tiempos donde la política se acostumbró a vender ilusiones, esa advertencia no es una debilidad. Es una señal de responsabilidad.

El país que recibe Kast no es un país normal. Es un país golpeado por el crimen organizado, con fronteras desbordadas, con una economía estancada y con un Estado capturado por la burocracia, el pituto y la ineficiencia.

Gobernar Chile hoy no es administrar un sistema que funciona. Es reconstruir uno que viene fallando hace años.

Por eso el concepto de Gobierno de emergencia no es un eslogan. Es un diagnóstico. La urgencia no es política. Es social. La sienten las familias que viven con miedo. La sienten quienes no llegan a fin de mes. La sienten los adultos mayores ahogados por contribuciones injustas. La sienten los emprendedores paralizados por trámites interminables. La sienten los trabajadores que descubrieron que el esfuerzo dejó de ser garantía de progreso.

En el mundo republicano hay claridad respecto de algo fundamental. No hay tiempo que perder. Los primeros meses serán decisivos para instalar autoridad, ordenar prioridades y enviar señales claras de que el Estado vuelve a estar al servicio de los ciudadanos y no de los intereses de siempre.

Una de esas señales será el control migratorio. No como gesto simbólico, sino como acto de soberanía. La expulsión de extranjeros que ingresaron ilegalmente, incluso si en una primera etapa es acotada, busca transmitir algo que se perdió hace años. Que la ley se cumple. Que entrar de manera ilegal tiene consecuencias. Que el desorden no puede seguir siendo una política de facto.

Otra señal clave estará en el bolsillo de las personas. Kast ha sido claro en que uno de los primeros proyectos que se enviará al Congreso será la rebaja de contribuciones para adultos mayores y para quienes más lo necesitan. No se trata de ideología. Se trata de sentido común. No es posible hablar de dignidad mientras se ahoga a quienes trabajaron toda una vida y hoy apenas sobreviven.

Seguridad y reactivación económica no son caminos separados. Son dos caras de una misma realidad. Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay estabilidad social. Por eso el énfasis del próximo gobierno estará puesto en recuperar el control territorial, fortalecer a las policías y liberar a la economía de trabas absurdas que solo benefician a quienes saben moverse dentro del aparato estatal.

Kast asume con una ventaja y también con una carga. La ventaja es que llega con un mandato claro. La ciudadanía no votó por continuidad ni por matices.

Votó por un cambio profundo. La carga es que ese cambio debe hacerse sin excusas, sin improvisaciones y sin caer en el mismo vicio que tanto daño le hizo al país. Prometer más de lo que se puede cumplir.

También existe conciencia de que gobernar no es imponer, sino conducir. La relación con la oposición será firme, pero institucional. No habrá renuncia a las convicciones, pero sí disposición a dialogar cuando ese diálogo permita avanzar en soluciones concretas para los chilenos. La estabilidad también es una forma de responsabilidad política.

El verdadero desafío de Kast no es solo cumplir un programa. Es demostrar que se puede gobernar con orden, con coraje y con sentido de urgencia sin caer en la soberbia ni en la parálisis. Es probar que el Estado puede volver a funcionar. Que la política puede decir la verdad. Que el esfuerzo puede volver a valer la pena.

Chile inicia una etapa exigente. No será cómoda. No será rápida. Pero puede ser decisiva. Si el Gobierno de emergencia logra instalar autoridad, recuperar la seguridad y devolverle racionalidad al Estado, habrá cumplido con lo más difícil. Devolverle a los chilenos la confianza en que su país tiene futuro.

Ese es el desafío que hoy enfrenta José Antonio Kast. Y esa es la responsabilidad que asume frente a todo Chile.

Quiero ocupar estas líneas para hablarle a un grupo de chilenos que durante años fue mirado en menos por todos los gobiernos. Me refiero a la mayoría silenciosa. A la gente trabajadora de clase media que se levanta temprano, que paga sus cuentas sola, que no le debe nada a nadie y que, sin embargo, cada vez que había que repartir justicia, oportunidades o respeto, quedaba fuera de la fila.

A ustedes quiero hablarles.

Sé que muchos votaron con rabia en la primera vuelta. Con desconfianza. Con esa sensación acumulada de que los mismos de siempre nunca los escucharon y nunca los miraron de frente. Y lo más importante es que ustedes tienen razón. Fueron ignorados durante demasiado tiempo.

Cada vez que reclamaban por la delincuencia que se apoderaba de sus barrios, los acusaban de exagerar. Cada vez que pedían que la inmigración se ordenara y que la ley se respetara, los acusaban de intolerancia. Cada vez que denunciaban privilegios y abusos, les respondían que no entendían o que estaban mal informados.

Mientras tanto, ustedes veían cómo se instalaba en Chile una división profunda entre dos realidades muy distintas. Un Chile protegido donde casi no existen portonazos ni balaceras, donde no hay listas de espera interminables en los consultorios y donde jamás se conocen los problemas de quienes viven con miedo. Y otro Chile que es el de ustedes, donde el temor se volvió parte de la rutina, donde la plata nunca alcanza y donde el Estado suele aparecer tarde, mal o nunca.

Ese Chile real fue invisibilizado. Y lo fue por años.

Pero en esta elección, Chile habló, y los invisibles se hicieron notar con fuerza.

Quiero decirles algo con total honestidad. Yo sé lo que es que te ninguneen. A los Republicanos también nos dijeron que estábamos equivocados. Que defender el orden, la seguridad, la frontera y la ley era un gesto fuera de época. Nos trataron como si fuéramos un problema para el sistema político. Y sin embargo, aquí estamos, convertidos en la fuerza más grande del Congreso y con un candidato que hoy tiene una opción real de disputar la presidencia para recuperar un país que se estaba acostumbrando al deterioro.

Por eso quiero extenderles una invitación sincera.

No vengo a ofrecerles milagros ni paraísos. Ya hemos visto demasiados gobiernos llenarse de promesas que nunca se cumplen. Yo vengo a ofrecer algo más simple y más valioso. Respeto. Escucha. Prioridad.

Porque mientras ustedes ajustaban sus presupuestos para enfrentar el alza del costo de la vida, este gobierno se reía de ustedes mientras escondía errores que provocaron aumentos en las cuentas de la luz. Se reía de ustedes mientras miles perdían el empleo. Se reía de ustedes mientras llenaban la administración pública con amigos, operadores y conocidos que nunca pasaron por un concurso transparente. Se reía de ustedes cuando advertían que la migración ilegal estaba desbordada, porque desde sus propias realidades protegidas ese problema no era visible.

Basta. De verdad, basta.

Chile merece algo distinto. Merece un gobierno que mire la realidad a los ojos y actúe sin miedo. Merece un Estado que proteja a quienes cumplen la ley, no a quienes viven al margen de ella. Merece un liderazgo que reconozca el esfuerzo de quienes levantan el país todos los días.

Nosotros sí podemos hacernos cargo de este Chile cansado y desconfiado, pero al mismo tiempo digno. Podemos poner fin al desprecio institucional que tantos han tenido que soportar. Podemos devolver el control sobre los barrios, la seguridad y el futuro. Y podemos hacerlo porque no vivimos del reparto de favores, porque no dependemos de grupos de poder y porque no estamos aquí para administrar el desastre, sino para cambiarlo.

Ustedes, que por tanto tiempo fueron tratados como invisibles, tienen hoy la posibilidad de abrir un nuevo capítulo para Chile. Un capítulo donde su voz vuelva a importar. Donde el respeto no sea un lujo. Donde el Estado no los mire por encima del hombro. Donde la prioridad la tenga la gente y no las élites protegidas.

Si quieren un gobierno que nunca más los mire en menos, que los ponga primero sin cálculo y que gobierne para el Chile real, confíen esta vez.

Nosotros no vamos a fallarles.

Un sicario venezolano mata a plena luz del día a un comerciante chileno en Ñuñoa. Es detenido, formalizado… y luego liberado. Hoy está prófugo. ¿Cómo se llama eso? ¿Falla del sistema? No. Eso tiene otro nombre: burla. Burla al Estado de Derecho. Burla a las víctimas. Burla a los chilenos que cumplen la ley mientras los delincuentes cruzan la frontera con absoluta impunidad.

La historia es digna de una serie de Netflix, pero ocurre en el Chile real. El 19 de junio asesinan a Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, a sangre fría, en plena calle. La Fiscalía establece que fue un crimen por encargo. Tres sicarios venezolanos habrían cobrado 30 millones de pesos para ejecutar el homicidio. Los antecedentes apuntan a una deuda millonaria como el motivo principal de este asesinato.

Uno de esos sicarios, Alberto Mejía, fue detenido. Pero gracias a una cadena de errores o negligencias que aún nadie explica, Mejía fue liberado y huyó del país. Hoy se mueve libremente por Sudamérica mientras en Chile investigan a gendarmes, a jueces y a una funcionaria judicial por el “error”. ¿Error? ¿O estamos frente a un Estado que simplemente dejó de funcionar?

Las instituciones no solo fallan, son cómplices por omisión. Un asesino, formalizado, con rostro identificado en cámaras, cruzó la frontera sin que nadie lo detuviera. Y para colmo, ni siquiera sabíamos cómo se llamaba. El sujeto fue formalizado como Osmar Ferrer, pero en realidad era Alberto Carlos Mejía Hernández. Nadie verificó nada. En un sistema donde los delincuentes extranjeros ingresan sin documentos y pueden inventar identidades, este tipo de errores no son excepción… son la regla. Lo reconocen incluso desde la Fiscalía, más de la mitad de los imputados ligados al crimen organizado tiene múltiples nombres. Y con Venezuela no hay relaciones diplomáticas, por lo que no existen canales formales para verificar identidades. Es decir, si un sicario sin papeles dice que se llama Juan Pérez, el Estado le cree y le da un RUT provisorio. Así se formaliza, así se libera, y así se escapa. ¿Cómo se puede combatir el crimen organizado si ni siquiera sabemos a quién estamos juzgando? ¿Y cómo confiar en un gobierno que aún así insiste en defender sus políticas migratorias y su “sistema de justicia garantista”?

Esto no es una anécdota aislada. Es una señal de algo mucho más profundo. En Chile ya no hay certezas. Ya no se puede confiar en que el Estado hará su trabajo básico, proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Lo que tenemos es una institucionalidad débil, blanda, burocrática. Donde el narco tiene mejor coordinación que el Poder Judicial.

La historia de Reyes tiene todos los elementos para indignar. Un sistema donde el crimen organizado opera sin freno. Donde jueces liberan a sicarios. Donde los gendarmes “se equivocan”. Dónde los fiscales hacen su trabajo, pero el resto de la cadena se rompe. Y mientras tanto, los chilenos siguen pagando impuestos y esperando justicia.

Y no es que este gobierno haya inventado todos los males. Pero sí es el gobierno que más los ha naturalizado. Hablan de “mejor democracia”, de “instituciones sólidas”, de “Estado social de derechos”. Pero cuando uno mira los hechos concretos, lo que hay es permisividad, caos y abandono. Este no es un gobierno firme frente al crimen. Es un gobierno buena onda con los delincuentes.

El problema es de fondo… Tenemos un sistema garantista que se preocupa más por los derechos de los agresores que por la seguridad de los ciudadanos. Un Estado capturado por la ideología del indulto, por el temor a usar la fuerza legítima del derecho, por una élite política que vive desconectada de la realidad.

José Antonio Kast lo ha dicho con claridad: la seguridad no se negocia. En su gobierno, casos como el de Mejía no quedarían impunes. No se trata solo de más penas o más cárceles. Se trata de tener autoridad. De hacer cumplir la ley. De proteger a los chilenos honestos, no a los delincuentes extranjeros que vienen a hacer carrera criminal en nuestro territorio.

Esto es una advertencia. A las autoridades, a los jueces, al gobierno. El país no resiste más casos como este. No más errores, no más licencias, no más “ups, se nos escapó”. Porque lo que está en juego no es solo un proceso judicial, es el alma misma de la República.

En 2025 los chilenos tendrán la oportunidad de hablar con su voto. Y quienes han permitido que los criminales se rían del país, no tendrán derecho a pedir perdón. Porque no se equivocaron… eligieron mirar para otro lado.

Más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. Veinticinco mil. La cifra estremece. Porque no estamos hablando de una falla aislada, sino de un sistema que ha sido convertido en un verdadero buffet de beneficios para los más vivos, mientras los chilenos comunes hacen fila para una atención médica, esperan semanas por una hora con un especialista y rezan para que el Compin no les rechace la licencia.

Y eso es lo más doloroso: mientras la señora que cuida a su hijo con cáncer tiene que mendigar para que le aprueben la licencia, hay «servidores públicos» que se las arreglan para subirse a un avión, salir del país y tomarse unas vacaciones pagadas con el dinero de todos. No es ficción. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Chile.

La Contraloría encendió la alarma. Y lo que parecía un caso más terminó revelando una verdadera cloaca dentro del Estado. Porque además de los funcionarios públicos que hacen mal uso de las licencias, también hay médicos que las extienden sin justificación. Algunos incluso para poder irse a trabajar a clínicas privadas mientras sus pacientes en el sistema público siguen esperando. ¿Quién responde por eso? ¿Quién se hace cargo de los turnos perdidos, de las vidas que se atrasan, de las urgencias que no se atienden?

Y lo peor es que este abuso está institucionalizado. ¿Sabía usted que los empleados públicos siempre reciben el pago completo de sus licencias médicas, a diferencia de los trabajadores del mundo privado? Sí, aunque se trate de la quinta o sexta licencia del año. Aunque hayan salido del país durante el período. Aunque estén mintiendo descaradamente. El cheque llega igual. Mes a mes. Puntualito.

Es un sistema diseñado para no fallar… con los pillos. Para ellos no hay letra chica. Para ellos no hay burocracia. Todo fluye. Mientras tanto, el chileno de a pie tiene que juntar papeles, ir al médico, esperar el pago de la licencia, y rogar para que no se la rechacen. Porque si eso pasa, no hay reclamo que valga.

Y cuando uno se pregunta por qué nadie fiscaliza, por qué no hay responsables, aparece la otra cara de la historia: los apitutados. Personas con vínculos directos con el gobierno, amigos del Presidente, exautoridades y asesores, que también han sido sorprendidos abusando del sistema. Algunos han renunciado antes de que los echen. Otros simplemente se han escabullido con algún comunicado tibio. Porque en Chile, si tienes los contactos correctos, la impunidad parece venir incluida.

Esto no se trata de politizar un tema administrativo. Esto es política en su estado más puro. Porque habla de cómo se administra el poder, de quién responde ante quién, de qué valores se promueven desde el gobierno. Y hasta ahora, la señal ha sido clara: el que se aprovecha, se salva. El que cumple, paga el pato.

¿Dónde está el Presidente en todo esto? ¿Dónde están sus ministros, sus voceros, su famoso “gobierno ciudadano”? Callados. Porque saben que este escándalo los salpica. Porque muchos de los que hoy aparecen en los listados de viajes y licencias truchas fueron designados por ellos, apadrinados por ellos, protegidos por ellos. Y eso es lo más grave: el abuso no solo fue permitido, fue fomentado por una cultura del pituto, del favor político y del desprecio por el deber.

Lo que estamos viendo es un síntoma más de un Estado que ha dejado de funcionar para la gente y se ha transformado en una bolsa de empleo para operadores políticos. Donde ser honesto, trabajar y cumplir con tu labor parece ser la excepción, no la regla. Y mientras eso no cambie, los casos seguirán apareciendo, las renuncias seguirán llegando tarde y los culpables seguirán riéndose en nuestras caras.

Esto no puede quedar en un escándalo más. No puede ser un titular que se olvida. Porque aquí se cruzó un límite. Y los chilenos merecen algo mucho mejor que este circo sin responsables.

No es solo una licencia médica. Es una licencia para robar. Y se acabó el tiempo de mirar para el lado.

En ocho años José Antonio Kast pasó de ser una figura disruptiva a liderar una de las candidaturas a la Moneda más sólidas en el espectro político. A diferencia de sus campañas anteriores, el énfasis no está puesto en la novedad del candidato, sino en la consolidación de un proyecto político con equipos, ideas y visión de Estado. Las encuestas, hoy favorables, no son su principal motor, son solo una foto del momento y por lo mismo, la estrategia ha sido avanzar con constancia, sin estridencias, y con una planificación que se ha venido afinando desde hace años.

Entre la aventura del 2017 y la candidatura que rozó la Moneda en el año 2021, han pasado ocho años claves para Kast y el Partido Republicano. El liderazgo se ha reposado, el partido ha madurado, y los equipos técnicos han adquirido experiencia. Pero más allá de lo electoral, lo relevante es que el Partido Republicano ha construido una base que hoy le permite proyectar un eventual gobierno sin improvisaciones.

A diferencia de otros sectores, donde la política gira entre liderazgos personales o pactos tácticos, en el mundo republicano hay un solo sentido, que es el de la continuidad y pertenencia, que se ha cultivado durante casi dos décadas.

Existe un grupo de personas que, en estas dos décadas, han (hemos) ido creciendo al alero de los proyectos creados en el entorno de Kast, como podría ser Calcuta allá por 2005, Influyamos en 2015, o el propio Acción Republicana en 2018. Este grupo humano, cohesionado y con sentido generacional, que dio la lucha contra la izquierda en las universidades, hoy está listo y preparado para dar esa misma lucha, contra esa misma izquierda, ahora en el Poder Legislativo y Ejecutivo.

Es este “corazón gremialista”, forjado en las disputas político universitarias de 2006, 2011, 2013 y 2018, el que será finalmente el corazón del gobierno Republicano, si los chilenos nos entregan su confianza.

Esa es una de las principales fortalezas de José Antonio Kast, no solo representa una figura con ideas claras, sino un proyecto político que ha formado equipos, ha resistido crisis y ha sabido articular una narrativa de un proceso a largo plazo. Desde esa base nos estamos preparando para enfrentar no solo la campaña presidencial que está a la vuelta de la esquina, sino que también la posibilidad concreta de gobernar.

Esto cobra más relevancia aun cuando se observa que el escenario político actual es deprimente. El oficialismo completamente debilitado por divisiones internas y candidaturas fallidas que se desarman en menos de 48 horas, que no logran articular una propuesta sólida. Por otra parte, la derecha tradicional, apuesta por liderazgos que no representan ese quiebre necesario con el pasado, ni menos un proyecto renovador. En ese contexto la candidatura del Partido Republicano aparece como la única candidatura que combina la experiencia electoral y la estructura con coherencia ideológica.

Por esta misma razón en el entorno de Kast no se habla de solo ganar una elección, sino de estar preparado para gobernar desde el primer día. Y esa preparación no es una maqueta, se refleja en el trabajo programático que ya está en marcha y que todas las semanas da que hablar mediáticamente. Con la articulación de propuestas sobre la seguridad, la natalidad, el empleo y la reforma del Estado.

Kast está más maduro, y el partido también y sus equipos técnicos no sólo están conformados, sino que han sido parte del proceso desde el minuto 1. Esa continuidad y ese arraigo gremialista son lo que hoy nos permiten hablar de una candidatura republicana, algo que en muchos sectores se intenta simular con marketing, pero que aquí se ha construido con años de trabajo silencioso.

Más que una candidatura, lo que encabeza José Antonio Kast es una declaración de intenciones. No solo es una alternativa al gobierno actual o a la derecha tradicional, es un proyecto político que ha resistido la mayor prueba que la vida puede dar… que es el tiempo, y que hoy se prepara con calma, a paso firme para lograr su mayor desafío, liderar a Chile con orden, carácter y visión de futuro.

Ocho años de tramitación para un proyecto claro y simple, prohibir los pitutos en el Estado y terminar con la eterna práctica de acomodar a familiares y amigos en la política. ¿Qué ocurrió? Lo que lamentablemente muchos sospechábamos, el congreso rechazó la Ley Antipitutos, presentada por José Antonio Kast y el partido Republicano, y ojo no fue solo el oficialismo quien se opuso, si no también varios parlamentarios de Chile Vamos que prefirieron omitir a favor de la “pitutocracia” antes que apoyar un cambio de verdad.

Esta no es una derrota para un partido político o sector, es una derrota para la ciudadanía honesta, esa que exige igualdad de condiciones. Esto es el reflejo de un sistema que sigue funcionando a base de favores, y que a pesar del discurso que es muchas veces distinto a lo que hacen, siguen fortaleciendo nuevas redes internas y conveniencias personales, y lo más alarmante, es que se hace a vista de todos, sin el más mínimo intento de ocultarlo.

Para entender la magnitud de este portazo les voy a dar un ejemplo, mientras la gente exige que el Estado se ocupe de la delincuencia y el caos migratorio, algunos se preocupan más de mantener contratados a sus primos, cuñados y asesores de campaña. Total, es plata de todos los chilenos. ¿A usted le parece normal? Al parecer sí, o al menos a los defensores del “amiguismo” sí.

Y ahora me pregunto. ¿Cómo se construye un Estado honesto y serio, si la primera barrera es el apellido o la militancia? ¿Cómo le pedimos compromiso a los chilenos si el mérito queda relegado a un segundo plano?

Esta práctica, además de ser inmoral, es también profundamente ineficiente, porque impide que lleguen los mejores y castiga al que se esfuerza.

No hay mucho análisis que hacer, o se defiende la transparencia y ser honrado, o se defiende el pituto, pero la votación en el congreso dejó clarísimo de qué lado están los que votaron en contra. Son los mismos que quizás en los próximos años nos llenen de promesas para mejorar el Estado y terminar con los abusos, pero que a la hora de la verdad, mantienen a este feudo de pitutos a plena luz del día.

Y esto no es solo un problema ético, es un problema práctico, que afecta al funcionamiento del Estado. Es la eficacia de los servicios públicos, y lo más importante es la confianza de millones de chilenos que cada día creen menos en las instituciones. El pituto en la democracia es lo que hace la termita a la madera, la destruye por dentro.

¿Se dieron cuenta de lo que implica? Miles de chilenos que estudian, se capacitan y buscan un trabajo en el sector público verán nuevamente como el cargo, milagrosamente fue asignado al “hermano de”, o a la “pareja de” o al “militante de” y lo más curioso y preocupante para mí, es que lo hacen sin ninguna vergüenza, mientras repiten discursos grandilocuentes sobre la justicia social e igualdad de oportunidades.

Algunos dirán que no era el momento y que hay cosas más urgentes, pero para la gente honesta que ve como dilapidan sus impuestos en sueldos de conocidos y compromisos electorales, la verdad es que todo momento es bueno para erradicar un sistema corrupto y abusivo.

Pero como yo le explico a las nuevas generaciones, jóvenes que se esfuerzan, que estudian para tener un mejor futuro, que sueñan con vivir y servir en un mejor país, que no es necesario ser el mejor para ocupar el mejor cargo. ¿Cómo no indignarse?

Desde el Partido Republicano, no vamos a bajar los brazos. Llevamos años desenmascarando la pitutocracia, que tanto la izquierda como la antigua derecha protegen con uñas y dientes.

Podrán rechazar todos nuestros proyectos, pero cuando lo hagan le estarán dando la espalda a la demanda ciudadana más básica, que el Estado nos sirva a todos, y no solo a los privilegiados de turno.

Lamentablemente hoy ganó el pituto, pero no será por mucho tiempo. Tarde o temprano la gente se cansará de ver como sus recursos se van por el baño del amiguismo, y el día en que se queden sin excusas, quienes defendieron con tanto interés la Ley Antipituto, van a tener que salir a explicarle a Chile, a sus propios votantes, sobre el por qué prefirieron los lazos familiares y los lazos partidistas antes que la meritocracia y el servicio público.