En Chile la izquierda ha querido instalar la idea de que cuando faltan recursos, la solución inevitable es reducir beneficios o limitar apoyos. Sin embargo, los antecedentes conocidos recientemente en la Inspección Total muestran que el problema no siempre fue la falta de dinero, sino la forma en que ese dinero se administra y se despilfarra.

Distintas revisiones y auditorías realizadas sobre organismos públicos han detectado señales preocupantes: pagos postergados, compras realizadas sin suficiente planificación, recursos sin rendir, subsidios que el Estado no recuperó y graves debilidades de control interno. Las cifras son enormes, no son millones, sino que miles de millones de dólares; y reflejan una realidad que la ciudadanía sospechaba hace tiempo: en demasiadas ocasiones, los recursos públicos no se utilizaron con el cuidado que merecen. Pero aquí es importante hacer una distinción clara, corregir el mal uso de recursos públicos no significa abandonar programas sociales ni quitar beneficios importantes para las familias. Al contrario. Significa protegerlos para que sean usados de mejor forma y enfocados 100% en el beneficio de los chilenos.

Porque cada peso desperdiciado, mal administrado, perdido o despilfarrado es un peso menos para salud, seguridad, educación, vivienda o apoyo a quienes realmente lo necesitan. Cuando el Estado gasta mal como se hizo en el pasado, afecta directamente a las personas que esperan soluciones concretas a sus problemas cotidianos.

Por eso el desafío actual debe ser recuperar la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. No se trata de destruir políticas públicas ni de debilitar la presencia del Estado donde sí cumple un rol necesario. Se trata de exigir orden, eficiencia, transparencia y sentido común. Las familias chilenas saben perfectamente lo que significa cuidar el presupuesto del hogar, saben que no se puede gastar sin control, que las cuentas deben cuadrar y que los recursos siempre son limitados, y es deber del Estado actuar con esa misma responsabilidad. Esto es una señal importante para recuperar la confianza ciudadana. No podemos seguir permitiendo que se no se haga nada mientras aparecen casos de sobreprecios, rendiciones pendientes, recursos sin fiscalización o gastos injustificados. La transparencia y el buen uso de los recursos públicos no son un favor; son una obligación.

Hoy más que nunca, Chile necesita un Estado que funcione mejor, no un Estado que gaste más. Necesitamos instituciones capaces de administrar correctamente los recursos de todos, de fiscalizar con seriedad y de corregir las malas prácticas antes de que terminen perjudicando a los chilenos

Recuperar lo mal gastado y ordenar las finanzas públicas no es ir contra las personas, es precisamente trabajar para que los recursos lleguen de verdad a quienes los necesitan y para que los beneficios sociales puedan sostenerse en el tiempo de manera responsable.

Porque cuidar los recursos públicos, finalmente, es cuidar a Chile.

El próximo lunes 18, la comisión de Trabajo votará parte del megaproyecto del Gobierno. En ese contexto, el diputado republicano y presidente de la comisión José Carlos Meza, habló en Universo al Día sobre el mal uso de licencias médicas, la franquicia SENCE, la política migratoria y la seguridad pública, además de las críticas a la ministra de Seguridad Trinidad Steinert.

Sobre el trabajo, Meza explicó que solo se revisará el artículo 30, sobre sanciones por el mal uso de licencias médicas, mientras que el debate del SENCE quedó fuera tras ser rechazado en Hacienda. “El SENCE sigue existiendo y va a seguir existiendo”, afirmó.

Por otra parte, en seguridad reconoció que aún “no hay un plan concreto”, pero valoró resultados en control territorial y persecución del delito. También defendió a la ministra Steinert, al sostener que sí existen avances en la agenda de seguridad.

Finalmente en migración, agregó que “hay un cambio radical” en el control fronterizo, junto con una baja en los ingresos irregulares y el inicio de expulsiones, asegurando que “ningún Gobierno en 60 días ha sido capaz de sacarlo adelante”, refiriéndose a los polémicos dichos del Presidente José Antonio Kast en esta materia.

El 27 de abril, Carabineros de Chile cumplió 99 años de historia. 99 años en que miles de hombres y mujeres han vestido el uniforme verde no por privilegio sino por vocación, no por comodidad sino por deber. En tiempos donde es fácil criticar desde la distancia, conviene recordar que hay quienes todos los días salen de sus casas sin saber su horario de llegada. Su himno lo expresa con total claridad: “otros la vida gocen en calma disfruten ellos dicha y solaz, nosotros vamos tras de la palma que el sacrificio nos brindará”. Y esta no es una frase retórica, es una definición de vida, es la decisión consciente de asumir el sacrificio que otros no quieren para que Chile pueda vivir en paz.

Durante el estallido del 2019 nuestros Carabineros fueron puestos a prueba como pocas veces en la historia. Mientras el caos se apoderaba de ciudades enteras, mientras el comercio ardía y miles de familias veían destruidos sus emprendimientos, Carabineros estuvo en la primera línea, la verdadera primera línea, dispuestos a contener la violencia y defendiendo el orden público. Sin embargo, en vez de respaldo transversal, recibieron cuestionamientos, querellas y un constante intento por debilitar su autoridad.

No podemos olvidar que muchos de quienes hoy están en el Congreso fueron parte activa de esa ofensiva política contra Carabineros. El propio expresidente Gabriel Boric construyó buena parte de su capital político en un contexto donde la crítica, aunque injusta y generalizada hacia la institución era su norma. El resultado fue una señal ambigua y peligrosa: en vez de fortalecer a quienes nos protegen, se optó por relativizar su rol.

Como Republicanos, fuimos claros entonces y lo seguimos siendo hoy ya que sabemos que sin orden público no hay libertad y sin autoridad legítima no hay Estado de Derecho. Mientras algunos parlamentarios pedían refundaciones “a matacaballo” y desmantelamientos ideológicos, nosotros defendimos la necesidad de reformar para fortalecer y no para destruir. Respaldamos a Carabineros cuando era “impopular” hacerlo, porque entendemos que la seguridad no es una consigna sino un derecho básico de cada chileno.

Eso no significa negar errores ni cerrar los ojos ante irregularidades, sino que comprender que las instituciones no se mejoran debilitándolas públicamente ni dejando a sus funcionarios en la indefensión política. Se mejoran con reglas claras, apoyo firme y un liderazgo decidido.

Hoy, cuando Chile enfrenta nuevamente graves problemas de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico, resulta evidente que necesitamos más que nunca a Carabineros fuertes, respaldados y respetados.

A un año de cumplir su centenario, Carabineros merece algo más que homenajes protocolares. Merece coherencia, gratitud y que el mundo político esté a la altura del sacrificio que cada uno de sus funcionarios asume al ponerse el uniforme.

Porque mientras muchos disfrutan de la tranquilidad cotidiana de su día a día, hay Carabineros que fieles a su juramento “van sin miedo tras el bandido porque son del débil el protector” y es deber del Estado y de quienes ejercemos responsabilidades públicas estar a su lado, sin complejos y sin ambigüedades.

Chile no puede darse el lujo de volver a abandonar a quienes lo protegen.

Hasta ayer existía un riesgo real de que el Presidente José Antonio Kast asumiera el gobierno con una administración de la Cámara de Diputados en contra. Esto luego de que la izquierda alcanzara un acuerdo con el Partido de la Gente que dejaría como presidenta de la instancia a la diputada Pamela Jiles.

Sin embargo, y en privado, durante semanas en el Partido Republicano y el equipo de Kast venían preparándose para este escenario. El ministro del Interior Claudio Alvarado mantuvo un monitoreo constante de las conversaciones con la bancada republicana para evaluar los escenarios y saber cuáles eran las opciones que tenían para dar vuelta una votación adversa.

En la bancada republicana, en tanto, a cargo de la negociación y de buscar votos estaba el jefe de bancada, Benjamín Moreno, y el diputado José Carlos Meza, uno de los diputados cercanos a Kast.

Ambos tuvieron la misión de buscar un posible acuerdo con partidos de la ex Concertación quienes, se sabía, no estaban conformes con un acuerdo con el PDG. En el caso de que eso no fuera posible, irían por los dos votos que les faltaban, de manera individual. El mandato del entorno del Presidente entrante y de Alvarado era que el nuevo gobierno tenía que asumir con una mesa de la Cámara oficialista.

De ahí que los contactos entre Moreno y la DC fueron clave. Hasta ayer incluso era inminente un acuerdo con la bancada de ese partido. Sin embargo, la presión interna y de la centroizquierda habría desechado esa opción.

En este contexto, y aunque no logró el acuerdo el jefe de bancada republicano, sí comprometió el voto DC de Felipe Camaño, quien terminó como vicepresidente.

Camaño es diputado por Ñuble, y según comentan en el Partido Republicano, es amigo de Moreno, y se conocen porque ambos comparten la pasión por el rodeo.

En tanto, Meza y Alvarado intentaron amarrar el voto de Jaime Mulet (FRVS) quien también había hecho ver que no votaría por Jiles.

Asimismo, otra pieza clave en las tratativas habría sido el presidente saliente de la Cámara, el RN José Miguel Castro.

Finalmente, a las 11 de la mañana y faltando una hora para que Kast asumiera el poder, la derecha logró quedarse con la mesa de la Cámara. Como presidente quedó el UDI Jorge Alessandri; Camaño (independiente DC) como primer vicepresidente, y Ximena Ossandón (RN) como segunda vicepresidenta.

La importancia de ganar la administración de la Cámara radica en que una de sus prerrogativas es decidir los proyectos que se ponen en tabla. Además, permite influir en la conformación que tendrán las comisiones permanentes, instancias clave en el trámite de los proyectos.

A veces los problemas más graves no comienzan con grandes decisiones públicas, sino con pequeños círculos de confianza. Con amistades que cruzan desde la juventud hasta el poder. Con lealtades personales que, sin quererlo o sin medirlo, terminan afectando decisiones estratégicas para el país.

El caso del cable submarino que terminó tensionando la relación entre Chile y Estados Unidos no es sólo una controversia técnica. Es una radiografía incómoda sobre cómo se toman decisiones en la cúpula del poder y cómo la falta de prolijidad puede transformarse en una crisis diplomática de proporciones.

El problema no es la amistad. En política las redes existen y siempre existirán. El problema es cuando esas redes se combinan con falta de transparencia, licencias médicas irregulares, viajes poco claros y versiones contradictorias frente a un proyecto de infraestructura crítica.

El viaje a Shanghái en 2023 marcó el punto de partida de una iniciativa que terminaría con la concesión del cable a una empresa vinculada a China Mobile International. Ese mismo funcionario luego fue cuestionado por uso irregular de licencia médica tras una comisión de servicio en el extranjero. La Contraloría intervino. Se inició sumario. La renuncia llegó solo cuando el caso se hizo público.

Hasta ahí ya había un problema administrativo y ético. Pero lo que vino después escaló a otro nivel.

El gobierno avanzó con un proyecto de alta sensibilidad geopolítica sin anticipar… o sin querer reconocer el nuevo contexto global. Hoy los cables submarinos no son simples infraestructuras digitales. Son arterias por donde circula información financiera, gubernamental y estratégica. En el escenario actual de competencia entre China y Estados Unidos, cada decisión tecnológica tiene implicancias políticas.

Lo sorprendente no es que Chile busque diversificar alianzas. Eso es legítimo. Lo preocupante es la improvisación, la falta de coordinación y las versiones cambiantes cuando comenzaron las advertencias desde Washington.

Estados Unidos reaccionó con una dureza inédita. Se cancelaron visas a altas autoridades. El embajador norteamericano realizó declaraciones públicas poco habituales entre aliados. El conflicto dejó de ser técnico para transformarse en político.

Y en medio de esa tormenta, el gobierno intentó deslizar el problema hacia la administración entrante, señalando que la decisión final quedaría en manos del próximo Presidente.

Ahí es donde el equipo de José Antonio Kast tomó una decisión correcta. Mantener distancia. No prestarse para validar un proceso cuestionado. Suspender reuniones bilaterales que buscaban traspasar responsabilidades. En política exterior, la prudencia no es debilidad. Es estrategia.

Gobernar en el nuevo orden mundial exige algo más que convicciones ideológicas. Exige lectura geopolítica, coordinación institucional y coherencia. No se trata de alinearse automáticamente con una potencia ni de romper relaciones con otra. Se trata de entender que las decisiones estratégicas no pueden adoptarse con liviandad ni con opacidad.

Este episodio deja varias lecciones.

Primero, que la amistad no puede confundirse con mérito en la administración pública. Los cargos técnicos requieren estándares altos, no círculos de confianza.

Segundo, que el uso irregular de licencias médicas por parte de altas autoridades no es una falta menor. Es una señal de cultura interna.

Tercero, que la política exterior no se maneja con impulsos ni con gestos ideológicos, sino con profesionalismo.

Y cuarto, que en una transición de mando la responsabilidad sigue siendo del gobierno en ejercicio. No se puede gobernar hasta el último día y, al mismo tiempo, deslindar consecuencias.

Un cable submarino no debería convertirse en un cortocircuito diplomático. Pero cuando se combinan opacidad, malas decisiones y falta de conducción, el riesgo se multiplica.

Chile necesita volver a estándares de seriedad institucional. En materia tecnológica, en política exterior y en probidad pública. Porque en el mundo que viene, cada error se amplifica. Y cada improvisación tiene costos reales.

El próximo gobierno tendrá la tarea de reconstruir confianzas, ordenar prioridades y devolverle a la política exterior el equilibrio que nunca debió perder.

Gobernar no es un acto de amistad. Es un acto de responsabilidad histórica.

El diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, abordó esta jornada acerca de la gira a Centroamérica que lleva a cabo el presidente electo, José Antonio Kast, así como también la oficiliazación por parte del Presidente Gabriel Boric de la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Consultado en entrevista con Radio Agricultura sobre el viaje de Kast a El Salvador y su visita a la denominada “megacárcel” de Nayib Bukele. el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), Meza reiteró que la idea de este viaje no es replicar el modelo de Bukele en Chile, pero “sí recoger ciertos aspectos que podrían ser implementados en nuestro país”.

“Creo que es importante también que tengamos un norte, un horizonte de qué es lo que queremos. Comparemos hoy día entre lo que son las cárceles de El Salvador y lo que son sus calles, con el nivel de seguridad pública que hoy gozan ellos, versus lo que son las cárceles en Chile y lo que es el nivel de seguridad pública”, sentenció.

En Chile, apuntó Meza, “los delincuentes parece que no sufren dentro de las cárceles, parece que pueden seguir operando dentro de las cárceles, o sea, extorsionan a los gendarmes, manejan bandas de crimen organizado desde las cárceles, estafan gente desde las cárceles. En cambio, en El Salvador hay un régimen estricto”.

Por otra parte, y consultado sobre su parecer acerca de la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Meza sostuvo que desconocía si había existido una conversación sobre el tema entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el Presidente Boric, por lo que no podía decir si hubo o no coordinación.

“Lo que sí puedo decir es que creo que no es el momento indicado para el lanzamiento de una candidatura de este tipo”, sostuvo tajante. “Atendido, por ejemplo, los recursos que hasta el momento nunca se nos clarificaron cuántos se iban a gastar en esa campaña, cuando tenemos el sur que se tiene que reconstruir, cuando tenemos Viña del Mar esperando todavía por una reconstrucción. Son señales”

En esto,indicó que No estoy diciendo acá que porque se bajara la candidatura de la señora Bachelet, de la expresidenta, se va a reconstruir automáticamente el sur y Viña del Mar.

“Los estados y los gobiernos tenemos que dar señales claras. Y hay que dar una señal clara de austeridad, hay que dar una señal clara de que la prioridad está dentro de Chile”. afirmó.

“Yo creo que en eso se equivoca el Presidente Gabriel Boric. Ahora, corresponderá al presidente electo determinar cuál va a ser la política exterior de Chile frente a esta candidatura a partir del 11 de marzo. No voy a ser yo quien me adelanta a los juicios”, añadió.

En esta línea, Meza expresó que “es un error confundir los deseos personales del Presidente de la República con lo que tiene que ser la política internacional de un país”.

“Él puede tener sus deseos personales y está bien, le puede gustar la expresidenta Bachelet, le puede caer bien la expresidenta Bachelet y puede incluso creer que lo haría muy bien como secretaria general de la ONU. Pero sus deseos no son la política internacional de Chile”, sostuvo.