José Meza, te defiende

Estimados vecinos y vecinas,

Ante la dolorosa crisis de seguridad que vive nuestro país, no basta con condenar la falta de proactividad que ha demostrado el gobierno; lo que queremos es apoyar a nuestros vecinos a empoderarse, a buscar herramientas que les permitan enfrentar de manera colectiva este flagelo y avanzar, lo más rápido posible, en el Congreso con la regulación legal necesaria para la protección de las familias chilenas.

En este contexto, el sábado 15 de julio formamos parte del primer encuentro de Líderes Vecinales por la Seguridad Comunal, instancia impulsada por la organización ciudadana “Delincuencia Cero”. Allí pudimos abordar esta problemática desde distintas ópticas y, de manera conjunta, levantar un diagnóstico para generar soluciones eficaces.

Y dado que Carabineros cumple un rol crucial en esta materia, periódicamente nos reunimos con los funcionarios de distintas comisarías del distrito, para mantener permanente coordinación, conocer el trabajo que realizan en cada comuna y las necesidades que tienen para cumplir mejor su labor. Así se lo transmitimos hace pocos días al Subteniente Vergara de la Tenencia Lo Besa, en Quinta Normal.

Pero en materia de seguridad ciudadana, hay un grupo de actores que suele ser invisibilizado: los gendarmes. Si bien no forman parte de la persecución delictual, son ellos quienes muchas veces sufren las consecuencias de las alzas de los delitos, pues tienen que convivir día a día con quienes están privados de libertad y sin tener las condiciones mínimas para poder trabajar. Eso es parte de lo que pudimos conversar con algunos funcionarios de la cárcel de Rancagua, donde estuvimos el jueves 20 de julio. Allí, los gendarmes nos contaron que la norma internacional exige que haya un funcionario por cada 10 reos, pero ellos tienen una tasa de un gendarme cada 64 internos. Además, plantearon serias carencias, como la falta de enfermería para ellos -no así para los reos-, jornadas de trabajo más extensas de lo que corresponde y ni siquiera les entregan un uniforme. Se sienten, en definitiva, abandonados por el sistema y eso es algo que tenemos que abordar de manera urgente.

En materia de fiscalización, una de las labores que realizamos este mes fue una denuncia en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por la utilización de bienes y recursos municipales para funciones ajenas a las institucionales. Esto, debido al uso de buses municipales para el traslado de personas a manifestaciones realizadas por la CUT y otras organizaciones de izquierda en el centro de Santiago. Porque nos parece que este hecho vulnera gravemente el principio de probidad administrativa, recurrimos a la Contraloría General de la República y que este organismo pueda establecer eventuales responsabilidades y sanciones en contra de la Municipalidad de Recoleta y de su alcalde. No vamos a permitir que ninguna autoridad del país use su cargo y los bienes de todos para fines que no corresponde. Harto de eso hemos visto en las últimas semanas, con los amigos del Presidente metidos en fundaciones u ocupando sus cargos para entregarles dineros a esas fundaciones y sin tener el mínimo pudor para mentir y deshonrar sus compromisos.

Seguiremos trabajando, fiscalizando y condenando, todas las veces que sea necesario, los actos de corrupción. Nuestro objetivo es enaltecer la función pública y no permitir que algunos aprovechadores se rían de todos los chilenos.

Un abrazo

José Carlos Meza