Un sicario venezolano mata a plena luz del día a un comerciante chileno en Ñuñoa. Es detenido, formalizado… y luego liberado. Hoy está prófugo. ¿Cómo se llama eso? ¿Falla del sistema? No. Eso tiene otro nombre: burla. Burla al Estado de Derecho. Burla a las víctimas. Burla a los chilenos que cumplen la ley mientras los delincuentes cruzan la frontera con absoluta impunidad.

La historia es digna de una serie de Netflix, pero ocurre en el Chile real. El 19 de junio asesinan a Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, a sangre fría, en plena calle. La Fiscalía establece que fue un crimen por encargo. Tres sicarios venezolanos habrían cobrado 30 millones de pesos para ejecutar el homicidio. Los antecedentes apuntan a una deuda millonaria como el motivo principal de este asesinato.

Uno de esos sicarios, Alberto Mejía, fue detenido. Pero gracias a una cadena de errores o negligencias que aún nadie explica, Mejía fue liberado y huyó del país. Hoy se mueve libremente por Sudamérica mientras en Chile investigan a gendarmes, a jueces y a una funcionaria judicial por el “error”. ¿Error? ¿O estamos frente a un Estado que simplemente dejó de funcionar?

Las instituciones no solo fallan, son cómplices por omisión. Un asesino, formalizado, con rostro identificado en cámaras, cruzó la frontera sin que nadie lo detuviera. Y para colmo, ni siquiera sabíamos cómo se llamaba. El sujeto fue formalizado como Osmar Ferrer, pero en realidad era Alberto Carlos Mejía Hernández. Nadie verificó nada. En un sistema donde los delincuentes extranjeros ingresan sin documentos y pueden inventar identidades, este tipo de errores no son excepción… son la regla. Lo reconocen incluso desde la Fiscalía, más de la mitad de los imputados ligados al crimen organizado tiene múltiples nombres. Y con Venezuela no hay relaciones diplomáticas, por lo que no existen canales formales para verificar identidades. Es decir, si un sicario sin papeles dice que se llama Juan Pérez, el Estado le cree y le da un RUT provisorio. Así se formaliza, así se libera, y así se escapa. ¿Cómo se puede combatir el crimen organizado si ni siquiera sabemos a quién estamos juzgando? ¿Y cómo confiar en un gobierno que aún así insiste en defender sus políticas migratorias y su “sistema de justicia garantista”?

Esto no es una anécdota aislada. Es una señal de algo mucho más profundo. En Chile ya no hay certezas. Ya no se puede confiar en que el Estado hará su trabajo básico, proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Lo que tenemos es una institucionalidad débil, blanda, burocrática. Donde el narco tiene mejor coordinación que el Poder Judicial.

La historia de Reyes tiene todos los elementos para indignar. Un sistema donde el crimen organizado opera sin freno. Donde jueces liberan a sicarios. Donde los gendarmes “se equivocan”. Dónde los fiscales hacen su trabajo, pero el resto de la cadena se rompe. Y mientras tanto, los chilenos siguen pagando impuestos y esperando justicia.

Y no es que este gobierno haya inventado todos los males. Pero sí es el gobierno que más los ha naturalizado. Hablan de “mejor democracia”, de “instituciones sólidas”, de “Estado social de derechos”. Pero cuando uno mira los hechos concretos, lo que hay es permisividad, caos y abandono. Este no es un gobierno firme frente al crimen. Es un gobierno buena onda con los delincuentes.

El problema es de fondo… Tenemos un sistema garantista que se preocupa más por los derechos de los agresores que por la seguridad de los ciudadanos. Un Estado capturado por la ideología del indulto, por el temor a usar la fuerza legítima del derecho, por una élite política que vive desconectada de la realidad.

José Antonio Kast lo ha dicho con claridad: la seguridad no se negocia. En su gobierno, casos como el de Mejía no quedarían impunes. No se trata solo de más penas o más cárceles. Se trata de tener autoridad. De hacer cumplir la ley. De proteger a los chilenos honestos, no a los delincuentes extranjeros que vienen a hacer carrera criminal en nuestro territorio.

Esto es una advertencia. A las autoridades, a los jueces, al gobierno. El país no resiste más casos como este. No más errores, no más licencias, no más “ups, se nos escapó”. Porque lo que está en juego no es solo un proceso judicial, es el alma misma de la República.

En 2025 los chilenos tendrán la oportunidad de hablar con su voto. Y quienes han permitido que los criminales se rían del país, no tendrán derecho a pedir perdón. Porque no se equivocaron… eligieron mirar para otro lado.