Un estudio de opinión realizado por una de las principales encuestadoras de Venezuela, mostraba -en mayo pasado- que más de un 40% de los venezolanos pensaría en abandonar su país si el dictador Nicolás Maduro permanecía en el poder tras las elecciones del 28 de julio.

Luego del mega fraude cometido por el régimen y la condena mundial que ha generado -incluida una solicitud de la OEA a la Corte Penal Internacional para detener a Maduro-, es de suponer que el escenario migratorio se mantenga en stand-by por algunos días.

Sin embargo, la cifra es alarmante y obliga a tomar acciones inmediatas, considerando que, en la última década, unos 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país, generando el mayor éxodo jamás registrado en la historia, según dan cuenta diversos organismos internacionales, entre estos, la ONU.

Chile, como uno de los cinco principales destinos escogidos por los migrantes venezolanos, tiene el deber de tomar acciones que impliquen regular con mayor eficacia la migración y eviten el ingreso de personas con antecedentes penales o miembros de bandas de crimen organizado. No es aceptable que la trágica situación en que el dictador Maduro ha sumido a su país, signifique un mayor impacto en la severa crisis de seguridad que atraviesa Chile.

Entonces, ¿qué hace el gobierno de Gabriel Boric? Primero, cita a una reunión en La Moneda, liderada por la ministra del Interior, sin hacer parte de estrategia alguna a las autoridades de la frontera norte. ¿Cómo se puede pensar en acciones concretas en terreno sin considerar siquiera la opinión de quienes realmente conocen la zona y las prácticas que allí se desarrollan? ¿Es posible avanzar, por ejemplo, en la construcción de una zanja, muro, reja o como quieran llamarle sin contar con la opinión de las autoridades de la zona?

Y, por otro lado, ¿bastan sólo decisiones administrativas o será necesario legislar normativas apropiadas para hacer frente a las problemáticas que ha traído la migración irregular a Chile? La respuesta es evidente: la legislación sobre la materia se debe perfeccionar. Pero, ¿estará el gobierno dispuesto a hacerlo? Y aquí la triste respuesta es: no.

Así lo ha demostrado en su actuar ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde las reiterativas ausencias del Ejecutivo han retrasado varias materias asociadas a la agenda de seguridad y migraciones.

De hecho, esta misma semana, la sesión de la comisión tuvo que ser levantada antes de tiempo porque el subsecretario Manuel Monsalve y el director de Extranjería se ausentaron -pese a las citaciones correspondientes-, impidiendo así continuar adecuadamente con la votación del proyecto que modifica -ni más ni menos- la Ley de Migraciones, para fortalecer y mejorar los procesos de expulsiones.

¿Otro ejemplo? El 30 de mayo, la comisión investigadora de la Cámara sobre crimen organizado envió un oficio al gobierno para que explicara su estrategia sobre una supuesta muralla digital para contener el flujo migratorio. Han pasado dos meses y aún no hay respuesta.

¿Qué medidas podemos tomar? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos lograr acuerdos cuando, dispuestas todas las instancias para el diálogo, el Ejecutivo simplemente le falta el respeto a la Cámara de Diputados y evita hacer el trabajo que está llamado a hacer: co-legislar?

La agenda de seguridad y las medidas ante la migración irregular en la frontera norte son problemáticas que impactan negativamente en la vida de los chilenos. Es responsabilidad del gobierno atender estas preocupaciones y dar respuestas, pero, lamentablemente, no lo está haciendo como corresponde.