En Chile la izquierda ha querido instalar la idea de que cuando faltan recursos, la solución inevitable es reducir beneficios o limitar apoyos. Sin embargo, los antecedentes conocidos recientemente en la Inspección Total muestran que el problema no siempre fue la falta de dinero, sino la forma en que ese dinero se administra y se despilfarra.

Distintas revisiones y auditorías realizadas sobre organismos públicos han detectado señales preocupantes: pagos postergados, compras realizadas sin suficiente planificación, recursos sin rendir, subsidios que el Estado no recuperó y graves debilidades de control interno. Las cifras son enormes, no son millones, sino que miles de millones de dólares; y reflejan una realidad que la ciudadanía sospechaba hace tiempo: en demasiadas ocasiones, los recursos públicos no se utilizaron con el cuidado que merecen. Pero aquí es importante hacer una distinción clara, corregir el mal uso de recursos públicos no significa abandonar programas sociales ni quitar beneficios importantes para las familias. Al contrario. Significa protegerlos para que sean usados de mejor forma y enfocados 100% en el beneficio de los chilenos.

Porque cada peso desperdiciado, mal administrado, perdido o despilfarrado es un peso menos para salud, seguridad, educación, vivienda o apoyo a quienes realmente lo necesitan. Cuando el Estado gasta mal como se hizo en el pasado, afecta directamente a las personas que esperan soluciones concretas a sus problemas cotidianos.

Por eso el desafío actual debe ser recuperar la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. No se trata de destruir políticas públicas ni de debilitar la presencia del Estado donde sí cumple un rol necesario. Se trata de exigir orden, eficiencia, transparencia y sentido común. Las familias chilenas saben perfectamente lo que significa cuidar el presupuesto del hogar, saben que no se puede gastar sin control, que las cuentas deben cuadrar y que los recursos siempre son limitados, y es deber del Estado actuar con esa misma responsabilidad. Esto es una señal importante para recuperar la confianza ciudadana. No podemos seguir permitiendo que se no se haga nada mientras aparecen casos de sobreprecios, rendiciones pendientes, recursos sin fiscalización o gastos injustificados. La transparencia y el buen uso de los recursos públicos no son un favor; son una obligación.

Hoy más que nunca, Chile necesita un Estado que funcione mejor, no un Estado que gaste más. Necesitamos instituciones capaces de administrar correctamente los recursos de todos, de fiscalizar con seriedad y de corregir las malas prácticas antes de que terminen perjudicando a los chilenos

Recuperar lo mal gastado y ordenar las finanzas públicas no es ir contra las personas, es precisamente trabajar para que los recursos lleguen de verdad a quienes los necesitan y para que los beneficios sociales puedan sostenerse en el tiempo de manera responsable.

Porque cuidar los recursos públicos, finalmente, es cuidar a Chile.