¿Quién dijo esta frase: “Necesitamos una alfabetización en sexualidad”; un ministro de Estado o un activista de una causa?

Lamentablemente, fue el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, al fijar la prioridad que tendría su cartera este 2023: la elaboración de un proyecto sobre educación en afectividad y sexualidad integral.

A esto se suma que, hace pocos días, el titular del Mineduc entregó la guía de “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno”. Con su propuesta, dice el ministro, lo que hace es actualizar una política pública impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017.

Perfecto. Entonces, el secretario de Estado está cumpliendo con la prioridad que su propio cronograma fijó y que da continuidad a lo que gobiernos de izquierda han promovido.

Lo que “olvida” el ministro Ávila es que existen otros problemas, de muchísimo mayor impacto en los estudiantes chilenos, que su cartera no está abordando o no ha priorizado como corresponde. Y, por otra parte, el titular del Mineduc evade un tema central en este tipo de orientaciones: la Constitución actual, que puede no gustarle, pero sigue vigente en nuestro país, establece el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos.

¿Puede, entonces, un ministro de Estado “olvidar” un derecho resguardado por la Constitución y pasar por el lado de problemáticas severas que afectan a quienes su propia cartera debe tener en el foco? La respuesta evidente es que no.

Pongamos las cosas en su correcta dimensión. De acuerdo al cuarto reporte de Monitoreo Escolar en Pandemia (dado a conocer a mediados de 2022), realizado por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, la cifra de asistencia escolar está por debajo del 70%. Más complejo aún es que el registro de inasistencia grave subió de 20% en 2019 a un 39% en 2022, lo que se traduce en que más de un millón cien mil niños, niñas y adolescentes no están asistiendo con regularidad a las aulas.

No hay estudio o informe que, a estas alturas, desconozca el deterioro de los aprendizajes de los estudiantes producto de la pandemia y, por tanto, el aumento de las brechas educativas en el país, lo que -a largo plazo- tendrá un fuerte impacto en el PIB. Y para qué decir, su efecto nocivo en el bienestar físico y socioemocional de los alumnos.

En el caso de Chile, además, vemos la crítica situación de violencia que ha afectado a muchos de los liceos emblemáticos, con una débil respuesta desde el Mineduc. Es que los sostenedores son los municipios, así que, cual Poncio Pilatos, en la cartera que dirige Ávila se lavan las manos.

Fuera del programa de tutorías que ha impulsado -y del cual se desconoce cómo se vigilará su correcto funcionamiento y qué tipo de contacto tendrán estos tutores con los menores-, poco y nada ha hecho el profesor Ávila para enfrentar, con determinación y metas concretas, las consecuencias del prolongado cierre de escuelas durante la crisis del Covid, la violencia en algunos establecimientos y el aumento del ausentismo y deserción escolar que su propia cartera ha evidenciado.

El dilema que enfrenta Ávila es que no ha logrado definir su rol como miembro de un gabinete y principal rector en las políticas educativas del país versus su activismo por la causa LGTBIQ+. En otras palabras, el Ministerio de Educación está siendo liderado por un activista de una causa y no por un profesional preocupado de las necesidades educacionales de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, es urgente que Ávila tome una decisión: si va a seguir actuando como líder de una ONG o se pone, de una vez por todas, a dirigir el Mineduc.