Ante el horrible asesinato de tres carabineros el sábado 27 de abril en Cañete, Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric, una vez más, se distanció del diputado Boric.

En una entrevista concedida a distintas emisoras a través de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en conmemoración del Día Nacional de la Prensa, el Mandatario sostuvo que el crimen “tiene connotaciones terroristas, no le hago asco a la palabra”.

Sensatez. Es lo primero que cualquier auditor puede pensar al oír la forma en que Boric se refiere a un atentado que conmocionó al país el mismo día en que la institución policial celebraba 97 años de existencia. En vez de celebraciones, sin embargo, todos los actos fueron suspendidos y las comisarías cambiaron sus adornos y guirnaldas por libros de condolencias y arreglos fúnebres.

Esa conmoción, es cierto, pareció tocar también a las autoridades de gobierno, que han divulgado frases de absoluta condena y empujaron al Congreso a suspender la semana distrital para legislar proyectos vinculados con la persecución penal y sanción de este tipo de acciones.

¿Es creíble esta actitud de nuestros gobernantes? Yo, al menos, lo dudo mucho.

La convicción que hoy día exhibe el Jefe de Estado y todo su Gobierno se distancia completamente de sus categóricas declaraciones que él como diputado emitió, cuando acusaba al Estado de Chile de “militarizar” la Macrozona Sur, mientras defendía a los huelguistas mapuche y se revelaba contra la Ley Antiterrorista, pidiendo que no fuera aplicada.

En marzo de 2018, por ejemplo, emplazó al gobierno de Sebastián Piñera a través de las redes diciendo que el “Gobierno dice querer ‘paz en La Araucanía’ pero su primera medida es seguir con estigmatización del pueblo mapuche mediante modificaciones a ley anti-terrorista”.

La realidad, no obstante, se ha mostrado con total crudeza ante el Mandatario, que ha debido cambiar de postura en cientos de materias, incluida la aplicación del estado de excepción en las regiones de Biobío y La Araucanía, así como en la calificación “terrorista” de los actos cometidos.

Pero, al menos, en este último punto, la retórica ha sido más fuerte que las acciones. Es más, las modificaciones a la legislación sobre conductas terroristas que actualmente discute el Senado no provienen de un proyecto del gobierno; se trata de una moción parlamentaria, empujada por senadores de derecha, ante el nulo avance que el Ejecutivo exhibía en la materia.

De hecho, en julio de 2023, el Presidente Boric anunció un proyecto de ley para modificar esa ley; el mensaje ingresó al Congreso un mes más tarde y ¿sabe cuánto ha avanzado? ¡Nada!

Entonces, ¡pongámonos de acuerdo de una vez por todas! ¿Es terrorismo lo que ocurrió en Cañete? Sí. ¿Se puede aplicar, tal como está hoy día, la Ley Antiterrorista? No. ¿Avancemos en una modernización de esa norma? Aquí la respuesta no parece de consenso.

Porque no bastan las frases rimbombantes, se requieren acciones concretas. Y, en esto, el Presidente y sus aliados en el Parlamento no demuestran su convicción. Es más, pareciera que su norte es justamente el contrario, poniendo trabas a la tramitación de los proyectos que benefician a la ciudadanía y a las fuerzas de orden y seguridad.

Si Boric está realmente convencido de la necesidad de contar con una herramienta legal que nos permita combatir de manera adecuada los actos terroristas que se cometen en el país, que comprometa a sus parlamentarios, que involucre a sus ministros, y que se la juegue tal como su gobierno se jugó por poner a Karol Cariola en la presidencia de la Cámara. Que llenen el Congreso de conversaciones y reuniones, que junten los votos, pero, por favor, que demuestren por fin que la convicción es real y no esperemos que haya más carabineros masacrados o una pareja de adultos mayores -como el matrimonio Luchsinger Mackay- quemados vivos para volver a poner los temas en discusión. Zanjemos ya esta problemática con acciones y votos, no solo con retórica.

Y no podemos olvidar tampoco que este avance legislativo debe ir acompañado de recursos, no sólo para mejorar las condiciones materiales de trabajo de nuestras policías, sino sobre todo para mejorarles sus sueldos, darles la tan ansiada bonificación trimestral (que reciben sagradamente todos los funcionarios del Estado, menos los carabineros) y, de esta forma, lograr que las palabras y la billetera vayan en el mismo sentido que las acciones.