Uno de los discursos más repetidos por la izquierda en los últimos años ha sido el de la tolerancia. Tolerancia a la diversidad, a las ideas distintas, a las trayectorias personales, a las convicciones profundas. Un concepto amplio, noble y necesario en cualquier democracia. El problema es que esa tolerancia, una vez más, parece tener fecha de vencimiento.

El nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer no abrió un debate serio sobre políticas públicas, prioridades o desafíos del ministerio.

Abrió algo mucho más revelador. Un ataque visceral, cargado de prejuicios, caricaturas y descalificaciones personales que dicen más de quienes las emiten que de la persona cuestionada.

En pocas horas, la discusión dejó de ser política y pasó a ser moral. No sobre su gestión, que ni siquiera comienza, sino sobre sus creencias, su historia y su vida personal. Se le atribuyeron etiquetas, se la ridiculizó y se la convirtió en símbolo de todo lo que la izquierda dice combatir. Paradójico, considerando que ese mismo sector ha levantado por años la bandera del respeto y la no discriminación.

La reacción fue tan automática como coordinada. Para algunos, el solo hecho de que no piense igual ya la convierte en una amenaza. Para otros, su nombramiento sería una provocación o una señal contradictoria. Como si el ministerio tuviera dueño. Como si existiera un molde ideológico obligatorio para ocupar un cargo público.

Pero este episodio no puede leerse de manera aislada. Porque ocurre después de meses en que los mismos sectores que hoy desprecian las convicciones religiosas no tuvieron ningún problema en llamar explícitamente al mundo cristiano a votar por Jeannette Jara durante la campaña presidencial. Cuando los votos eran necesarios, la fe era bienvenida. Hoy, cuando esas convicciones no calzan con la hegemonía cultural de la izquierda, pasan a ser motivo de sospecha o burla. Esa es la tolerancia condicional que hoy queda al desnudo.

El doble estándar se hizo aún más evidente con el ataque del diputado Matías Ramírez, parlamentario en ejercicio que perdió su reelección, quien se permitió descalificar públicamente a la diputada Chiara Barchiesi tratándola con expresiones ofensivas, misóginas y denigrantes. No fue una crítica política. Fue un insulto personal, directo y violento.

Si esas palabras hubieran venido desde la derecha, el escándalo habría sido inmediato. Declaraciones públicas, condenas transversales y acusaciones de odio. Esta vez, en cambio, predominó el silencio. O la justificación. O el relativismo. Porque cuando el agresor es propio, la indignación se diluye.

A esto se suma otro antecedente que incomoda profundamente el relato progresista. Las denuncias del sindicato de Prodemu, que acusan maltrato institucional, negligencia y decisiones arbitrarias durante la administración anterior, apuntando directamente a autoridades que se presentaban como referentes del feminismo gubernamental. Trabajadoras que denuncian abandono, presiones y trato indigno por parte de una institucionalidad que decía defenderlas.

Aquí no se trata de negar la crítica ni de blindar a una ministra por anticipado. Se trata de exigir coherencia. Si la tolerancia es un valor, debe aplicarse incluso cuando quien piensa distinto no pertenece a tu sector. Si el respeto es un principio, no puede desaparecer cuando se pierde el poder. Y si se habla de dignidad de las mujeres, esa dignidad debe ser defendida incluso cuando las vulneraciones provienen desde las propias filas.

La democracia se debilita cuando los principios se transforman en consignas vacías. Y hoy queda cada vez más claro que para algunos la tolerancia no es un valor permanente, sino una herramienta circunstancial. Una que se usa cuando conviene y se descarta cuando estorba.

Ese es el verdadero debate que hoy queda expuesto. Y es uno que Chile ya no está dispuesto a seguir ignorando.