Con la llegada de este 2025, comienza la cuenta regresiva para el Presidente Gabriel Boric. ¡Menos mal!

460 días le restan al Mandatario en La Moneda y, a la luz de los datos, por ahora está consolidándose como el gobierno con los mayores índices de violencia y el peor desempeño económico desde el retorno a la democracia.

De hecho, el último fin de semana de 2024 cerró con una violencia inusitada: 10 homicidios cometidos en distintas comunas de la Región Metropolitana. Se suman estos hechos a otros cientos de episodios horribles (e increíbles) ocurridos en el país, como el hallazgo de una casa de torturas en Maipú, asociada a la organización criminal Tren de Aragua; el homicidio de tres carabineros en la comuna de Cañete, Región del Biobío, quienes fueron emboscados, acribillados y sus cuerpos quemados; el secuestro y homicidio -por encargo internacional- del exsargento venezolano Ronald Ojeda; una sangrienta balacera en Lampa, en medio de una fiesta clandestina, que terminó con cinco muertos, y un aumento de los turbazos a locales comerciales y domicilios particulares, entre varios otros ejemplos.

Si bien es cierto, el ministro del Interior (s), Luis Cordero, puede exhibir por estos días una disminución en las cifras de delitos violentos, lo cierto es que 2023 fue el año con el mayor registro de homicidios, femicidios, violaciones, delitos sexuales, robos con violencia o intimidación y robo por sorpresa en la última década. Entonces, sí, es cierto, ha habido una disminución, pero luego de un alza histórica que aún no se ha logrado contener.

Además, lo que el ministro y el gobierno no dirán, al contrario, tratarán de negar o falsear, es el rol clave que hemos tenido, desde la oposición, para contribuir a enfrentar la crisis de seguridad en que está sumida el país. Porque las modificaciones legislativas y el respaldo inquebrantable a Carabineros y las Fuerzas Armadas no han venido precisamente del Frente Amplio o el Partido Comunista, los dos conglomerados ejes del gobierno de Boric. Ahí están las votaciones e intervenciones públicas como prueba de lo que, al menos desde el Partido Republicano, hemos hecho para responder a la necesidad más urgente de la población: la seguridad.

Por otra parte, el gobierno seguramente celebrará diciendo que el salario mínimo subirá a $510 mil. Lo que no dirán es que el alza responde a la inflación, lo que quiere decir que las cosas están más caras y, aunque suba el sueldo, la plata alcanza para menos. Para qué hablar de inversiones, crecimiento económico o empleo.

En la hora de los balances, es necesario decir que estamos en la recta final de un muy mal gobierno. Con sus calificativos de “porteros”, “príncipes”, “pesimistas ideológicos”, “obstruccionistas”, “extremistas” o “agoreros del pesimismo”, las autoridades de esta administración -del Presidente para abajo- buscaron atacar a todo aquel que se oponía a sus malas propuestas y, como ha sido característico del Frente Amplio, los datos han sido respondidos con ofensas. Así, esa falta de argumento y mucha verborrea es lo que tiene a este gobierno hundido en una muy baja aprobación. Y, por mucho que le pese, no es por culpa de la oposición, sino por su propia responsabilidad en actos y omisiones.

¡Para qué hablar del caso Monsalve! Una muestra evidente de la pésima lógica en el proceso de toma de decisiones, discursos de cartón (¿o van a seguir diciendo que este es un gobierno “feminista”?) y un descuido total por las víctimas y las labores urgentes y trascendentes que las diversas autoridades deben cumplir.

Así que, ¡menos mal! Sí, menos mal que va quedando menos para que dejemos atrás este gobierno de principiantes y podamos retomar el rumbo con que nos haga volver a crecer.