Hay acuerdos que unen y acuerdos que dividen. Pero en Chile, los acuerdos «históricos» parecen diseñados para hacer ambas cosas a la vez: dejar contentos a unos pocos mientras siembran la discordia en el resto. Tal es el caso del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, de 2019, y el Acuerdo de Reforma de Pensiones, de 2025, dos episodios que, aunque separados por años, comparten un mismo patrón de claudicación y traición a los principios.

Empecemos con el acuerdo de 2019. Bajo la presión de la violencia desatada durante el estallido delictual, la clase política se reunió entre cuatro paredes para regalarle al país un proceso constituyente que nació mal. Se negoció con el sonido de las barricadas de fondo y el resultado fue una rendición ideológica que buscaba aplacar a los violentos más que resolver los problemas de fondo. Pero el pueblo chileno fue claro: en 2022 rechazó ese mamarracho de Constitución. ¿Qué se logró? Nada, salvo perpetuar la incertidumbre y dividir aún más al país.

Ahora, en 2025, y con los mismos actores, nos enfrentamos a otro acuerdo «para la galería»: la reforma de pensiones. Dicen que es un avance histórico, pero para nosotros es un retroceso colosal. Este pacto, firmado entre el gobierno de Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista y Chile Vamos, no es más que una traición al principio de la propiedad privada. Obligar a los chilenos a destinar un porcentaje, por mínimo que sea, de cotización adicional a un fondo solidario administrado por el Estado es abrirle la puerta a un sistema de reparto que condena a las futuras generaciones.

Y llámenlo como quieran, es reparto y punto.

Nos dicen que los fondos seguirán siendo «nuestros». ¡Falso! Una vez que el Estado mete la mano, esa propiedad es ilusoria. Este acuerdo socava los pilares del sistema de capitalización individual, uno de los pocos mecanismos que realmente empoderan al trabajador.

Pero, lo más indignante es la participación de la derecha tradicional en este despropósito. Chile Vamos se ha convertido en cómplice de una izquierda que, incapaz de sostener sus propias propuestas, usa estos acuerdos para salvarse del naufragio.

El Partido Republicano, por el contrario, mantiene firme su postura: no cederemos ante quienes quieren desmantelar la libertad económica y la propiedad privada. Este acuerdo de pensiones no es solidario ni justo; es un impuesto encubierto que perjudicará a trabajadores y empleadores por igual. Y lo peor es que se presenta como una «solución» cuando en realidad es otro parche que no aborda el problema de fondo: un sistema estatal ineficiente, un gasto público descontrolado y un mercado laboral cada vez más débil.

Así que, mientras algunos celebran con champán este «gran logro», nosotros seguimos del lado de quienes defienden la libertad, la propiedad y el esfuerzo individual. Porque los principios no se negocian, y mucho menos se entregan en bandeja de plata por un titular en la prensa.

En el Congreso, votaremos en contra de este acuerdo no por terquedad, sino porque sabemos que Chile merece algo mejor que parches y acuerdos vacíos. Merece reformas reales, no traiciones disfrazadas de consenso.