Más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. Veinticinco mil. La cifra estremece. Porque no estamos hablando de una falla aislada, sino de un sistema que ha sido convertido en un verdadero buffet de beneficios para los más vivos, mientras los chilenos comunes hacen fila para una atención médica, esperan semanas por una hora con un especialista y rezan para que el Compin no les rechace la licencia.

Y eso es lo más doloroso: mientras la señora que cuida a su hijo con cáncer tiene que mendigar para que le aprueben la licencia, hay «servidores públicos» que se las arreglan para subirse a un avión, salir del país y tomarse unas vacaciones pagadas con el dinero de todos. No es ficción. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Chile.

La Contraloría encendió la alarma. Y lo que parecía un caso más terminó revelando una verdadera cloaca dentro del Estado. Porque además de los funcionarios públicos que hacen mal uso de las licencias, también hay médicos que las extienden sin justificación. Algunos incluso para poder irse a trabajar a clínicas privadas mientras sus pacientes en el sistema público siguen esperando. ¿Quién responde por eso? ¿Quién se hace cargo de los turnos perdidos, de las vidas que se atrasan, de las urgencias que no se atienden?

Y lo peor es que este abuso está institucionalizado. ¿Sabía usted que los empleados públicos siempre reciben el pago completo de sus licencias médicas, a diferencia de los trabajadores del mundo privado? Sí, aunque se trate de la quinta o sexta licencia del año. Aunque hayan salido del país durante el período. Aunque estén mintiendo descaradamente. El cheque llega igual. Mes a mes. Puntualito.

Es un sistema diseñado para no fallar… con los pillos. Para ellos no hay letra chica. Para ellos no hay burocracia. Todo fluye. Mientras tanto, el chileno de a pie tiene que juntar papeles, ir al médico, esperar el pago de la licencia, y rogar para que no se la rechacen. Porque si eso pasa, no hay reclamo que valga.

Y cuando uno se pregunta por qué nadie fiscaliza, por qué no hay responsables, aparece la otra cara de la historia: los apitutados. Personas con vínculos directos con el gobierno, amigos del Presidente, exautoridades y asesores, que también han sido sorprendidos abusando del sistema. Algunos han renunciado antes de que los echen. Otros simplemente se han escabullido con algún comunicado tibio. Porque en Chile, si tienes los contactos correctos, la impunidad parece venir incluida.

Esto no se trata de politizar un tema administrativo. Esto es política en su estado más puro. Porque habla de cómo se administra el poder, de quién responde ante quién, de qué valores se promueven desde el gobierno. Y hasta ahora, la señal ha sido clara: el que se aprovecha, se salva. El que cumple, paga el pato.

¿Dónde está el Presidente en todo esto? ¿Dónde están sus ministros, sus voceros, su famoso “gobierno ciudadano”? Callados. Porque saben que este escándalo los salpica. Porque muchos de los que hoy aparecen en los listados de viajes y licencias truchas fueron designados por ellos, apadrinados por ellos, protegidos por ellos. Y eso es lo más grave: el abuso no solo fue permitido, fue fomentado por una cultura del pituto, del favor político y del desprecio por el deber.

Lo que estamos viendo es un síntoma más de un Estado que ha dejado de funcionar para la gente y se ha transformado en una bolsa de empleo para operadores políticos. Donde ser honesto, trabajar y cumplir con tu labor parece ser la excepción, no la regla. Y mientras eso no cambie, los casos seguirán apareciendo, las renuncias seguirán llegando tarde y los culpables seguirán riéndose en nuestras caras.

Esto no puede quedar en un escándalo más. No puede ser un titular que se olvida. Porque aquí se cruzó un límite. Y los chilenos merecen algo mucho mejor que este circo sin responsables.

No es solo una licencia médica. Es una licencia para robar. Y se acabó el tiempo de mirar para el lado.